Junts y ERC exigen a Sánchez una ‘Hacienda foral’ como paso previo a la independencia de Cataluña

La hoja de ruta con la que el golpismo catalán de Junts y ERC está negociando sus votos para la investidura de Pedro Sánchez ha incorporado una nueva exigencia que, por su alcance, también podría chocar abiertamente con la Constitución: dotar a Cataluña de una suerte de régimen foral. Todo ello para que, como ocurre con el País Vasco y Navarra, Cataluña cuente con su propia Hacienda, recaude todos los impuestos de los que actualmente se encarga la Agencia Tributaria estatal, se quede con ese dinero y dé al Estado una cantidad anual en pago por los servicios que la Administración central presta en esa parte de España.

Es decir, como paso previo a su pretendida independencia de Cataluña, los golpistas catalanes aspiran a disfrutar del sistema inverso al que rige actualmente en todo el país, salvo en el País Vasco y Navarra. Las otras 15 comunidades forman parte del denominado «régimen común»: el Estado recauda los impuestos nacionales y, en cumplimiento del principio de solidaridad interterritorial, transfiere una parte de esa recaudación a las regiones, siguiendo las reglas de reparto fijadas en el modelo de financiación autonómica.

Junts, en suma, exige en beneficio de la pretendida independencia, que Cataluña salga del sistema de solidaridad interterritorial y se sitúe en el aledaño diferenciado de los regímenes especiales del País Vasco y Navarra. Todo ello para hacer caja con la mirada puesta en la secesión y, de paso, ir montando las añoradas estructuras de su soñado Estado catalán.

Los independentistas de Junts y ERC defienden salirse del sistema tributario común que rige en España con el argumento de que ya hay dos autonomías que disfrutan de ese modelo. Pero la realidad es que esas dos comunidades son dos excepciones de tal calibre que exigieron su reconocimiento específico en la Constitución de 1978. Ninguna otra lo tuvo, porque ninguna otra contaba con esos regímenes forales históricos.

Otro choque constitucional

Juristas consultados por OKDIARIO advierten que, por ello, por esa regulación excepcional en la clave de bóveda de nuestro Estado de derecho, reconocer a Cataluña un régimen como el del País Vasco y Navarra chocaría con la Constitución. Dicho de otra forma, que podría ser objeto de un pleito de inconstitucionalidad. Otro supuesto más al que se enfrenta Sánchez, que se sumaría al de la amnistía que negocia con los independentistas y a la que incluso el propio presidente interino ya se ha referido de forma complaciente.

«Como ocurriría con la amnistía, la cuestión nuclear de inconstitucionalidad no sería cómo se le llamara a la ley que reconociera a Cataluña al nivel de la foralidad del País Vasco y Navarra; lo esencial sería que, en la práctica, hubiera una reforma legal que permitiera que Cataluña saliera del régimen común de financiación para disfrutar de uno especial como el vasco y navarro», indican estas fuentes.

La exigencia de esa suerte de foralidad sobrevenida ha sido incluida en el informe de Junts sobre la supuesta «deuda histórica» que el Estado tiene con esa región, informe que exhibió este miércoles. Puigdemont exige al Estado el pago de 450.000 millones de euros por ese concepto, lo que supondría que el Estado le perdone a la Generalitat todo lo que debe al resto de España por los préstamos que ha recibido con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y, encima, que se le regalen 378.000 millones de euros. Todo ello incardinado en las aspiraciones hacia una independencia de Cataluña, la que tanto Junts como ERC quieren promover forzando a Sánchez a que, de una u otra forma, ampare o consienta el derecho de autodeterminación.

La Agencia Tributaria en Cataluña

A la par que han planteado esa exigencia monetaria, los de Junts han exigido que el Estado transfiera a Cataluña todas las competencias que ejerce la Agencia Tributaria en esa comunidad autónoma.

De esa forma, la Generalitat montaría su propia agencia tributaria para recaudar todos los impuestos que ahora dependen de la Hacienda estatal. Y, siguiendo el modelo vasco y navarro, tras quedarse con todo el dinero le pagaría al estado un ‘cupo’ anual, una cantidad determinada. Ésta, pese a que teóricamente responde a criterios objetivos de cálculo, tradicionalmente está dominada por la oportunidad política.

Un sonado botón de muestra de esto último es lo que se conoció popularmente como el cuponazo vasco que el PNV arrancó a Mariano Rajoy en mayo de 2018, una sustancial mejora del Concierto Económico, el acuerdo marco en el que se sustenta el Cupo. Un puñado de días después de que el PP firmara esa concesión para que el PNV votara a favor los Presupuestos Generales del Estado de aquel año, los nacionalistas vascos se aliaron con el PSOE para que prosperara la moción de censura que derrocó a Rajoy e instaló en La Moncloa a Pedro Sánchez.